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BuscarAsociaciones de afectados cuestionan que el aviso del 16 de septiembre llegara a las 22:08, cuando ya se habían producido incidencias, y reclaman criterios claros para que las alertas sean oportunas y adecuadas a cada emergencia.
Las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 han criticado el momento en que se envió el ES-Alert durante el episodio de lluvias del 16 de septiembre en la provincia de Valencia. El mensaje llegó a los teléfonos a las 22:08, cuando, según las entidades, ya había inundaciones, cortes de carreteras y personas expuestas a dificultades para regresar a casa. Reclaman explicaciones sobre la decisión y una revisión de los criterios de activación.
Las críticas no implican que las asociaciones pidan avisos indiscriminados cada vez que llueve. En una intervención distinta, durante una cumbre de la OCDE celebrada en València, representantes de las víctimas reclamaron que el uso del sistema se protocolice mejor: que el mensaje llegue con antelación suficiente y se ajuste a la gravedad y las características de cada emergencia. Advirtieron también de que alertar sin una calibración adecuada podría restar eficacia al sistema, mientras que no avisar a tiempo puede dejar a la población sin información útil para protegerse.
La Asociación de Víctimas y Damnificados por la DANA de Valencia señaló que el aviso se difundió cuando ya se habían registrado incidencias y muchas personas estaban expuestas al riesgo en carreteras y polígonos industriales. La entidad pidió una explicación pública sobre los criterios y el momento en que se decidió activar la alerta, en un contexto en que había un aviso naranja por lluvias y alertas hidrológicas ante posibles crecidas en varios cauces.
La Asociación de Víctimas Mortales de la dana del 29-O también calificó de tardío el mensaje. Sostuvo que una alerta resulta menos útil si llega cuando hay carreteras o túneles cortados y garajes anegados. Para las familias afectadas, el episodio reavivó el miedo asociado a las inundaciones de 2024, aunque la propia asociación distinguió entre ambos sucesos y señaló que las condiciones de lluvia no fueron iguales.
En la cumbre de la OCDE, Rosa Álvarez, portavoz de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, resumió la demanda con la petición de que la alerta «no puede llegar tarde ni cada vez que llueve». Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la Dana del 29 de octubre, defendió que el mensaje se comunique de forma medida y efectiva, y recordó que una alerta naranja no se vive igual en los municipios afectados por la riada que en otras zonas.
Elisabet González, portavoz de la Asociación de Damnificados por la Dana Horta Sud, describió la pérdida de confianza y el impacto emocional que persiste en algunas familias. Las entidades no piden dejar de utilizar el ES-Alert: plantean que haya pautas conocidas sobre cuándo se activa y qué conducta deben seguir la ciudadanía y las administraciones cuando reciben el mensaje.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también defendió que los mecanismos de emergencia estén más protocolizados, para que la actuación no dependa de quién esté al frente y quede claro qué deben hacer las instituciones y la población. Esta intervención se produjo en el debate sobre la revisión general de los mecanismos de emergencia; no constituye una resolución sobre la gestión concreta del aviso del 16 de septiembre.
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, afirmó que el envío se decidió conforme a criterios técnicos que consideró «aceptables», ante la previsión de que pudiera aumentar considerablemente el caudal de los barrancos. También sostuvo que el ES-Alert no se envía simplemente para avisar de que va a llover y que, a su juicio, el mensaje se difundió «en tiempo y forma». Añadió que el aviso preventivo se reserva, según su explicación, para situaciones de alerta roja; durante el episodio estaba vigente una alerta naranja.
Las valoraciones de las asociaciones expresan sus críticas y demandas; las declaraciones del president recogen la defensa de la Generalitat. La información disponible no establece por sí sola una conclusión independiente sobre responsabilidades ni determina que existiera una obligación general de suspender la actividad laboral.
La Asociación de Víctimas Mortales sí cuestionó que no se suspendiera la jornada laboral por la tarde. Afirmó que algunos trabajadores quedaron atrapados en la Pista de Silla al volver a casa y pidió que se valore la actividad laboral, incluidos los desplazamientos de quienes trabajan en comercios y otros servicios que cierran tarde. Se trata de una reclamación de la entidad, no de una medida obligatoria acreditada en la información disponible.
El episodio vuelve a situar en primer plano dos cuestiones relacionadas, pero distintas: el momento de envío de una alerta concreta y la necesidad de contar con criterios claros para futuras emergencias. Las asociaciones sostienen que el sistema debe informar con suficiente antelación, sin activarse de manera indiscriminada; la Generalitat defiende que la decisión se tomó atendiendo a criterios técnicos. La revisión del protocolo que reclaman busca reducir esa distancia entre detectar un riesgo y comunicarlo de manera que la población pueda actuar a tiempo.
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