La Oficina Australiana de Impuestos (ATO) prevé dejar de aceptar pagos de impuestos con tarjeta de crédito desde el 1 de diciembre de 2026, después de que entrara en vigor la prohibición de cobrar recargos por pagos con tarjeta. La ministra de Pequeñas Empresas, Anne Aly, pidió que la ATO mantenga el diálogo con las empresas y encuentre una vía para atender sus inquietudes, pero no anunció que el plan vaya a revertirse.
Aly reconoció que algunas pequeñas empresas valoran la flexibilidad de pagar sus obligaciones tributarias con tarjeta. También señaló que quienes resulten afectados podrán recurrir a opciones como los planes de pago de la ATO, que permiten distribuir la deuda en cuotas cuando se cumplen los requisitos aplicables.
Ministros divididos sobre la respuesta de la ATO
La ministra de Vivienda, Clare O’Neil, también pidió a la oficina tributaria que vuelva a conversar con el sector y busque una solución que funcione para las empresas. En cambio, el ministro adjunto Andrew Charlton respaldó la decisión: sostuvo que, si las empresas privadas no pueden trasladar los recargos a sus clientes, los organismos públicos tampoco deberían hacerlo. Añadió que la ATO ofrece alternativas de pago para quienes afronten dificultades de liquidez.
El tesorero Jim Chalmers afirmó que la ATO tomó la decisión por su cuenta y que el Gobierno le exigió establecer un periodo de transición para apoyar a las empresas. Indicó asimismo que el Ejecutivo sigue en contacto con la oficina tributaria. Estas declaraciones no equivalen a un anuncio de que la medida se vaya a modificar.
Las empresas alertan sobre la liquidez; la ATO señala alternativas
Grupos empresariales y representantes de pequeñas empresas sostienen que perder la opción de pagar impuestos con tarjeta puede complicar la gestión del flujo de caja, especialmente cuando coinciden vencimientos tributarios con gastos como nóminas y alquiler. Andrew McKellar, director ejecutivo de la Cámara Australiana de Comercio e Industria, pidió una señal de liderazgo político y afirmó que la ATO no había abierto a negociación la decisión, aunque sí trataba aspectos de su aplicación y transición.
Son advertencias sobre posibles efectos, no resultados comprobados para el conjunto de las empresas. La ATO y miembros del Gobierno han apuntado a los planes de pago como alternativa. Según Aly, el 2 % de los pagos tributarios se hizo con tarjeta de crédito en el ejercicio 2024-25; esa proporción contextualiza el uso de este medio, pero no mide cuántas empresas dependen de él ni el impacto que tendría su retirada en cada caso.
El cambio se produce tras la entrada en vigor, el 1 de octubre de 2026, de la prohibición de aplicar recargos a los pagos con tarjeta. La ATO explicó que dejar de aceptar tarjetas es preferible a asumir los costes de procesamiento y trasladarlos indirectamente a la comunidad. El calendario anunciado mantiene la aceptación de pagos con tarjeta hasta el 30 de noviembre de 2026.
Para las empresas afectadas, la cuestión inmediata es cómo se aplicará la transición y qué opciones estarán disponibles según sus circunstancias. Por ahora, las posiciones públicas siguen divididas: algunos ministros piden más diálogo, mientras que Charlton respalda la decisión de la ATO y Aly no ha comunicado un cambio de rumbo.