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BuscarLa Circular N.° 0026-2026-BCRP regulará desde el 1 de enero de 2027 la aceptación de pagos en Perú, con exigencias sobre fondos de los comercios, comisiones, contratos y gestión operativa.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) aprobó un reglamento para los servicios que permiten a los comercios aceptar pagos digitales y recibir posteriormente el dinero de sus ventas. La Circular N.° 0026-2026-BCRP establece obligaciones para quienes realizan actividades de adquirencia o recaudan fondos por cuenta de los negocios, así como para las infraestructuras que participan en el procesamiento y la liquidación de las operaciones.
La norma comprende pagos con tarjetas, códigos QR, pagos inmediatos y otros instrumentos o canales. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027; por tanto, las disposiciones no deben entenderse como obligaciones ya vigentes. El reglamento contempla un periodo de adecuación y, según la información publicada, el BCRP podrá conceder, previa solicitud sustentada y con un plan de trabajo, un plazo de hasta 90 días calendario.
Uno de los cambios centrales es la separación del dinero que un aceptador recibe en representación de un comercio. Mientras esos fondos estén bajo su administración y antes de transferirlos al negocio, deberán mantenerse apartados de los recursos propios de la empresa, en cuentas destinadas exclusivamente a recibirlos y entregarlos.
Las cuentas deberán estar en empresas del sistema financiero con una calificación no menor a B+, o en empresas emisoras de dinero electrónico que participen en el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR). El propósito declarado de esta exigencia es proteger los recursos que pertenecen a los comercios; su aplicación concreta dependerá de las condiciones que fija el reglamento.
La regulación también establece obligaciones de conciliación y trazabilidad de las operaciones. La información sobre transacciones deberá conservarse durante cinco años, según los detalles publicados sobre la circular.
Los acuerdos entre aceptadores y comercios deberán especificar, entre otros aspectos, los servicios ofrecidos, las comisiones aplicables, los plazos de liquidación, las responsabilidades de cada parte y los mecanismos para atender reclamos o controversias. Además, los proveedores y administradores de infraestructuras deberán publicar información relevante sobre sus tarifas y comisiones.
El reglamento dispone que los cobros asociados al servicio respondan a criterios objetivos, transparentes y verificables. Cuando las operaciones se procesen a través de una infraestructura de pagos, las tarifas de intercambio deberán ser también proporcionales y no discriminatorias. Estas reglas fijan condiciones de transparencia, pero no establecen por sí mismas una tarifa única para el mercado.
Las obligaciones abarcan también la afiliación de comercios, el procesamiento y la liquidación de pagos, la atención de reclamos y la gestión de riesgos, incluidos los vinculados con fraude y continuidad operativa. Las infraestructuras deberán contar con reglas sobre el flujo de información y fondos, la asignación de responsabilidades y los procedimientos para resolver incidencias y controversias.
En el caso de pagos inmediatos con alias y códigos QR que formen parte del Servicio de Aceptación de Pagos, deberán cumplirse las disposiciones de interoperabilidad del BCRP. La regulación busca establecer estándares comunes para servicios equivalentes, aunque las operaciones se procesen mediante infraestructuras distintas.
El alcance se centra en los proveedores que aceptan pagos para los comercios y administran o transfieren los fondos de sus ventas, además de las infraestructuras involucradas. No equivale a regular de manera indistinta cualquier billetera digital: la función que cumple la empresa en la aceptación y liquidación del pago es relevante para determinar si queda comprendida.
Para los negocios, los cambios previstos se reflejarán principalmente en las condiciones contractuales, la información sobre cobros y plazos de liquidación, y la administración de los fondos recibidos por sus proveedores. Las empresas alcanzadas deberán revisar sus procesos y prepararse para cumplir las nuevas exigencias antes de su entrada en vigor, considerando el periodo de adecuación que contempla la norma.
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