La CNMC cuestiona el diseño de la retirada de aceite prevista para 2026/27

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el proyecto de norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27 entraña riesgos para la competencia y los consumidores. El texto prevé retirar aceite del mercado si se supera un umbral asociado a las existencias y la producción, con el objetivo de responder a una posible sobreoferta. La medida todavía forma parte de un proyecto: los efectos señalados por la CNMC son riesgos potenciales, no consecuencias ya constatadas.

Cómo se activaría la retirada

Según el proyecto analizado, la medida se pondría en marcha cuando las existencias iniciales, sumadas a la producción estimada, alcanzaran al menos el 120 % de la media de los dos niveles más altos de comercialización registrados en las seis últimas campañas. La cantidad retirada no podría superar el 20 % de la producción estimada.

La CNMC no cuestiona que se contemple una respuesta ante una sobreproducción, pero pide acreditar que la situación es extraordinaria y que retirar producto constituye una intervención necesaria y proporcionada. En su opinión, limitar la oferta disponible podría influir en los precios, la variedad y la calidad del producto, además de alterar la competencia entre operadores de la cadena.

El organismo también reclama cuantificar los posibles efectos sobre el consumo y la rentabilidad de los productores, así como sobre los demás participantes del mercado. Entre los aspectos que considera relevantes está el impacto potencial en los consumidores de menor renta, especialmente expuestos a cambios en el precio de un producto alimentario básico.

Seis aspectos que la CNMC pide precisar

En su informe sobre el proyecto, la Comisión plantea seis líneas de mejora para delimitar la medida y facilitar su control:

1. Acreditar la sobreoferta con datos de demanda y flujos comerciales que respalden la intervención.
2. Explicar cómo se calcula la retirada, de forma que el máximo del 20 % no sustituya a la determinación del volumen mínimo necesario.
3. Acotar las categorías afectadas y justificar la libertad de elección que tendría cada almazara, considerando los distintos segmentos y consumidores.
4. Precisar quiénes estarían obligados, incluidos criterios objetivos y no discriminatorios para aclarar la exclusión prevista para las almazaras de pequeña dimensión.
5. Definir controles antes de activar la medida y evitar que el mecanismo propicie intercambios de información comercial sensible entre operadores.
6. Establecer seguimiento, fases y plazos para revisar, ajustar o revocar la retirada si cambian las condiciones del mercado.

La delimitación de los sujetos obligados es uno de los puntos concretos que el organismo pide aclarar. Sin criterios objetivos sobre el alcance de la exclusión de las almazaras pequeñas, señala, podrían surgir diferencias de trato entre operadores.

Un informe consultivo, no una decisión sobre el resultado

La CNMC emitió el informe en el marco de sus funciones de promoción de la competencia. Su pronunciamiento es consultivo y no vinculante: no equivale a una prohibición de la medida ni determina por sí mismo el contenido final de la norma. La evaluación se refiere al proyecto de orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la campaña 2026/27.

Para las empresas del sector, la cuestión regulatoria no se limita al umbral y al porcentaje máximo. El proyecto también deberá concretar a qué categorías se aplicaría la retirada, cómo se distribuirían las obligaciones, qué controles se activarían y con qué indicadores se revisaría la medida. La CNMC sostiene que esos elementos deben apoyarse en un diagnóstico completo del mercado antes de que la intervención entre en funcionamiento. (Fuentes: CNMC; Servimedia; Mercacei; Merca2.es.)