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BuscarLa patronal catalana considera que las reivindicaciones se dirigen a las administraciones y al poder legislativo, no a las empresas. Pimec respeta el derecho de huelga, pero pide una respuesta conjunta al problema de la vivienda.
Foment del Treball ha rechazado la convocatoria de huelga general anunciada por organizaciones sindicales y sociales para reclamar cambios en materia de vivienda. La patronal catalana la ha calificado de «incomprensible» e «inoportuna» y sostiene que la medida traslada a empresas y trabajadores el coste de una protesta cuyo destinatario, a su juicio, debería ser el poder público.
La organización empresarial considera que las reivindicaciones corresponden al Gobierno, a las administraciones y a los grupos parlamentarios, porque son quienes pueden promover las medidas reclamadas. Desde esa perspectiva, sostiene que las empresas no son el ámbito al que se dirigen las demandas y que la huelga puede alterar la actividad económica sin que exista, según su valoración, un conflicto laboral en el centro de la convocatoria.
Foment también ha cuestionado el momento elegido. La patronal alude a la incertidumbre internacional y a las presiones sobre la competitividad empresarial, y afirma que nuevas interrupciones no favorecen la estabilidad y la confianza de empresas y ciudadanos. Se trata de los argumentos de la organización para justificar su rechazo a la convocatoria, no de una evaluación independiente de sus posibles efectos.
Foment ha anunciado que estudiará el encaje jurídico de la huelga cuando disponga de la convocatoria formal. Por tanto, su rechazo y sus declaraciones no constituyen una conclusión sobre la legalidad de la movilización: la propia patronal ha señalado que considera prematuro pronunciarse sin esa documentación.
El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha afirmado que la huelga no resolverá el problema de la vivienda y ha reclamado que administraciones y agentes económicos trabajen conjuntamente. Ginesta ha expresado respeto por el «legítimo derecho de huelga» y, a la vez, ha advertido de que la falta de seguridad jurídica dificulta la oferta de vivienda. También ha pedido que el calendario electoral no frene la capacidad de las administraciones para adoptar medidas.
Las posiciones de Foment y Pimec reflejan valoraciones empresariales sobre la convocatoria y sobre las políticas de vivienda. No determinan por sí mismas el alcance jurídico de la huelga ni sustituyen el análisis de la convocatoria formal.
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