Elecciones en España: qué decisiones energéticas quedan pendientes y cuáles siguen vigentes

La convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre abre un periodo de incertidumbre para empresas que necesitan anticipar el acceso a la red, las autorizaciones y las condiciones de inversión. La disolución de las Cortes reduce el margen para completar determinadas tramitaciones parlamentarias, pero no significa que todos los expedientes energéticos queden anulados: algunos siguen su curso administrativo y otros ya están aprobados y en vigor.

El calendario y la decisión del próximo Gobierno serán determinantes para varios asuntos que condicionan la expansión de la generación renovable, el almacenamiento, la electrificación industrial y los nuevos grandes consumidores de electricidad.

Redes: una propuesta de inversión pendiente y medidas ya vigentes

Una de las principales incógnitas es la planificación de la red eléctrica para 2025-2030. El Gobierno ha planteado una revisión que eleva a más de 17.000 millones de euros la inversión prevista en nuevas líneas y subestaciones. Según las coberturas, su aprobación final podría quedar para después de las elecciones. El próximo Ejecutivo tendría que decidir si mantiene la propuesta y sus prioridades o si la modifica. Por tanto, esa cifra describe una inversión planteada, no una partida cuya ejecución esté garantizada en los términos propuestos.

A la vez, hay decisiones aprobadas que conviene distinguir de esa planificación pendiente. Un real decreto vigente desde agosto amplió hasta 2030 los límites de inversión previstos para las redes de distribución y transporte: 10.200 millones de euros para distribución y 7.700 millones para transporte. También se aprobó una modificación del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte con 615 millones de euros de inversión. Estas medidas no quedan automáticamente derogadas por la convocatoria electoral.

El alcance de la incertidumbre sí puede afectar a las actuaciones futuras y a las reglas para hacer un uso más eficiente de la capacidad existente. Un real decreto-ley sobre acceso y conexión incluye medidas vigentes para liberar capacidad e introducir fórmulas de acceso flexible, pero su tramitación posterior como ley queda interrumpida con la disolución de las Cortes. El próximo Parlamento podrá decidir si retoma el texto, lo modifica o lo sustituye.

Centros de datos: condiciones de conexión todavía por definir

El real decreto para regular el acceso de los centros de datos a la red es otro expediente sin desenlace confirmado. La audiencia pública del borrador concluyó en septiembre, pero las fuentes describen una propuesta que todavía debe resolverse. Entre los aspectos debatidos están las condiciones exigibles a estas instalaciones y cómo asignar una capacidad de conexión limitada, en competencia con proyectos industriales, renovables, de almacenamiento y movilidad eléctrica.

El retraso podría prolongar la incertidumbre de las empresas que esperan conocer las reglas definitivas antes de decidir sus proyectos. Algunas coberturas recogen advertencias del sector sobre posibles inversiones que buscarían otros mercados si la norma avanza en los términos actuales. Son previsiones atribuidas a esas fuentes, no una consecuencia confirmada de la convocatoria. También se ha informado de que el Gobierno podría intentar aprobar la regulación antes de las elecciones, por lo que su calendario no puede darse por cerrado.

Mercado de capacidad y autorizaciones: la aplicación práctica puede demorarse

El mercado de capacidad aparece entre las medidas cuyo desarrollo aún requiere decisiones posteriores. Aunque una de las coberturas señala que se aprobaron condiciones en septiembre, también indica que faltan pasos para poner en marcha el mecanismo, como el procedimiento operativo y la primera subasta. El eventual retraso de esa subasta podría afectar al calendario de proyectos que esperan conocer cómo se remunerará la disponibilidad de capacidad, incluidos los de almacenamiento. No consta que ese efecto esté ya materializado.

También están pendientes reformas de los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas y gasistas. Su objetivo es adaptar los trámites a un sistema con más generación renovable, almacenamiento y demanda, pero su aprobación podría depender del próximo Ejecutivo si no concluyen antes de los comicios. Para los promotores, el resultado importa tanto por los plazos como por las reglas de acceso y conexión que se apliquen a sus proyectos.

Otros expedientes y un criterio práctico para las empresas

Entre los asuntos citados figura la revisión de la regulación de la producción eléctrica en territorios no peninsulares. La interconexión submarina entre Ceuta y la Península añade la necesidad de definir el papel que tendrá la generación local, incluida la central de ciclo combinado. Las fuentes disponibles presentan esa definición como pendiente; no precisan cuál será la solución.

Para las empresas, conviene separar normas vigentes, propuestas en tramitación y decisiones todavía por desarrollar. Las primeras no desaparecen por el adelanto electoral; las segundas pueden cambiar de calendario o de contenido, y las terceras podrían quedar en manos del próximo Gobierno. La convocatoria introduce incertidumbre sobre cuándo y en qué términos avanzarán los expedientes, pero no permite concluir que todos vayan a cancelarse ni anticipar qué decisiones adoptará el Ejecutivo que salga de las urnas.