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BuscarEl Gobierno ha iniciado por vía urgente la tramitación de un real decreto que prevé requisitos de sostenibilidad, resiliencia y soberanía digital. Las asociaciones del sector respaldan los objetivos, pero advierten de posibles dificultades para los proyectos y la competitividad.
El Gobierno ha acordado tramitar por vía urgente un proyecto de real decreto para fijar requisitos de sostenibilidad energética y ambiental, resiliencia operativa y soberanía digital para los centros de datos en España. La decisión inicia el recorrido administrativo de la propuesta, pero no significa que la norma esté aprobada definitivamente: el texto aún debe pasar por consulta y audiencia pública y completar los trámites correspondientes.
La iniciativa llega en un momento de expansión de la demanda de capacidad de computación, impulsada, entre otros factores, por la inteligencia artificial y los servicios digitales. Para el Ejecutivo, el reto es acompañar el crecimiento del sector con reglas sobre el uso de energía y recursos, la seguridad de las infraestructuras y el tratamiento de la información.
Según la información publicada sobre el proyecto, uno de los requisitos planteados es que al menos el 80% de la electricidad consumida por los centros de datos proceda de fuentes renovables. La propuesta añade condiciones de correspondencia horaria entre consumo y generación y de adicionalidad: la energía renovable asociada tendría que haberse instalado para acompañar la demanda, con un plazo de referencia de 18 meses antes de la entrada en funcionamiento de la instalación.
Las coberturas disponibles describen esos criterios con distintos niveles de detalle. Por tanto, su formulación exacta, el modo de acreditarlos y su aplicación deberán confirmarse en el texto que finalmente se tramite. En particular, la propuesta no debe confundirse con una obligación ya vigente.
SpainDC expresó preocupación por algunos planteamientos comunicados durante el proceso y sostuvo que las metas deben alcanzarse con una regulación proporcionada, técnicamente viable y alineada con el marco europeo. La asociación señaló que requisitos difíciles de cumplir podrían afectar a la viabilidad de nuevos proyectos, a inversiones planificadas y a la capacidad de España para competir por capital frente a otros mercados europeos.
Aelec valoró que se trabaje en un marco para ordenar el sector, pero destacó la necesidad de compatibilizar el crecimiento de la demanda eléctrica con la descarbonización y el desarrollo del sistema. Ametic, por su parte, pidió evitar fragmentaciones regulatorias y defendió que la norma aporte seguridad jurídica y favorezca la inversión.
También hubo críticas desde Aragón. La consejera de Economía autonómica, Eva Valle, lamentó que el Gobierno central no hubiera contactado con las comunidades autónomas para presentarles la propuesta, según la información publicada.
El proyecto combina cuestiones que suelen recaer en equipos distintos: planificación energética, diseño y operación de las instalaciones, gestión ambiental, cumplimiento regulatorio y gobernanza de datos. Para las empresas promotoras u operadoras, el debate sobre renovables y correspondencia horaria puede incidir en cómo se estructura el suministro energético; las exigencias de resiliencia y soberanía digital, a su vez, apuntan a la continuidad de los servicios y al control de la información.
Sin embargo, mientras el real decreto siga en tramitación, no es posible tratar los requisitos descritos como obligaciones definitivas ni establecer su alcance final. Las empresas con proyectos en desarrollo deberán seguir la evolución del texto y distinguir entre las condiciones propuestas en las informaciones disponibles y las que, en su caso, se incorporen a la norma aprobada.
La tramitación urgente acelera el proceso administrativo, pero no resuelve el equilibrio que está en el centro del debate: cómo ordenar el consumo energético y los impactos de una infraestructura estratégica sin introducir exigencias que, en opinión de las asociaciones empresariales, dificulten su despliegue o reduzcan la competitividad de España.
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