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BuscarLas patronales consideran que las demandas sobre vivienda se dirigen principalmente a las administraciones, no a las empresas. Aclaran que no pueden pronunciarse de forma definitiva mientras la convocatoria sindical no tenga fecha ni preaviso formal.
CEOE y Cepyme han calificado de «inadmisible» la huelga general de 24 horas anunciada por CCOO y UGT para este otoño. Las organizaciones empresariales cuestionan que las reivindicaciones conocidas hasta ahora sean esencialmente laborales y rechazan que la presión de una protesta dirigida, a su juicio, contra la gestión pública recaiga sobre las empresas, sus plantillas y la actividad económica.
Los sindicatos vinculan la convocatoria a la mejora de los salarios y al acceso a una vivienda digna. También han instado a las organizaciones empresariales a desbloquear la negociación colectiva y a las administraciones competentes a aplicar la legislación sobre vivienda.
CEOE y Cepyme sostienen que buena parte de las medidas reclamadas exigiría cambios legislativos o presupuestarios y, por tanto, correspondería principalmente a los poderes públicos. Desde esa perspectiva, consideran que las empresas no deberían asumir el coste de una medida de presión cuyo destinatario, según su comunicado, sería el Gobierno.
Las patronales también han cuestionado el momento de la movilización, después de que se convocaran elecciones generales para el 29 de noviembre. Han calificado de «difícilmente justificable» utilizar la actividad de empresas y trabajadores para influir en un proceso electoral. Se trata de una valoración de las organizaciones empresariales, no de una conclusión sobre los efectos de la convocatoria.
CEOE y Cepyme han planteado dudas sobre el encaje jurídico de la huelga, pero han precisado que todavía no pueden emitir una valoración definitiva. Según la información disponible, la convocatoria está pendiente de ratificación, no tiene una fecha concreta y aún no se ha presentado el preaviso formal exigido para una huelga.
Las patronales han anunciado que estudiarán la convocatoria cuando se formalice, incluidos sus objetivos, ámbito y cumplimiento de los requisitos legales. Por tanto, su objeción actual no equivale a una declaración de ilegalidad: la documentación disponible no permite dar por resuelta esa cuestión.
CCOO y UGT han anunciado una huelga de 24 horas para este otoño, pero todavía deben concretar la fecha y completar los pasos formales indicados. Hasta entonces, no se conocen todos los detalles sobre el alcance definitivo de la movilización.
El desacuerdo enfrenta dos enfoques: los sindicatos plantean la protesta como una herramienta para respaldar reivindicaciones salariales y de vivienda, mientras que CEOE y Cepyme cuestionan que la actividad empresarial sea el instrumento de presión adecuado para demandas que consideran dirigidas principalmente a las administraciones.
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