La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) abrió a comentarios una propuesta para encuadrar ciertas operaciones minoristas con criptoactivos que estén apalancadas, financiadas o sujetas a margen. Better Markets, una organización sin fines de lucro dedicada a la reforma financiera, cuestionó que la agencia sea la adecuada para supervisar esas actividades y advirtió que el marco podría ofrecer menos protecciones a los inversores que el de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
La iniciativa se tramita como un aviso anticipado de propuesta de reglamentación. Por tanto, plantea un marco en consideración y solicita aportes públicos; no constituye una regla definitiva ni permite dar por resueltas las cuestiones jurídicas que plantea.
Qué contempla la propuesta de la CFTC
La agencia estudia usar facultades que ya existen en la legislación federal para supervisar operaciones con criptoactivos en las que intervengan apalancamiento, financiación o margen. También contempla una categoría de registro para plataformas que faciliten esas transacciones, denominada mercados de criptoactivos. La CFTC abrió un periodo de comentarios públicos de 60 días para recabar opiniones sobre el enfoque.
El alcance descrito no equivale a una supervisión federal general de toda actividad con criptomonedas. La propuesta se dirige a determinadas operaciones minoristas con financiación o apalancamiento. La compraventa directa, o al contado, queda fuera de ese marco según la cobertura disponible, aunque la CFTC conserva competencias para actuar frente al fraude y la manipulación en esos mercados. La iniciativa tampoco reemplazaría las normas estatales sobre transmisión de dinero.
El debate se produce mientras el Congreso no ha aprobado una ley integral sobre la estructura del mercado de criptoactivos. En ese contexto, la CFTC y la SEC han impulsado medidas dentro de sus atribuciones actuales. La consulta permitirá a la agencia recibir argumentos sobre el alcance y diseño de su propuesta, pero no resuelve por sí misma las dudas sobre la autoridad legal invocada.
Las objeciones de Better Markets
Benjamin Schiffrin, director de política de valores de Better Markets, sostuvo que la CFTC está menos orientada que la SEC a proteger a los inversores minoristas. Según Schiffrin, el mandato de la CFTC se centra en los mercados de materias primas y derivados, históricamente dominados por participantes institucionales, mientras que las normas de la SEC incluyen salvaguardas aplicables a la negociación de valores.
Schiffrin también cuestionó que la autoridad legal citada por la CFTC demuestre que el Congreso pretendía convertir a la agencia en el principal regulador de estas operaciones minoristas con criptoactivos. Afirmó que esa disposición se aprobó originalmente para abordar el fraude en operaciones apalancadas con metales preciosos. Se trata de la interpretación de Better Markets, no de una conclusión judicial establecida en la información disponible.
La organización planteó además inquietudes sobre posibles vínculos entre participantes del mercado que, a su juicio, podrían reproducir riesgos asociados al colapso de FTX. La cobertura no detalla qué relaciones concretas permitiría la propuesta ni establece que vaya a producirse una situación equivalente.
Un debate abierto sobre protección y reglas comunes
La crítica de Better Markets no representa un consenso del sector. Nate Geraci, presidente de NovaDius Wealth Management, defendió la necesidad de contar con reglas claras y señaló que, si el Congreso no las establece, la CFTC y la SEC podrían tener que avanzar dentro de sus competencias.
Para las empresas que ofrecen productos cripto a clientes estadounidenses, la distinción entre operaciones apalancadas y compraventa al contado es relevante: la propuesta aborda las primeras, pero no crea un régimen federal completo para toda actividad del mercado. El resultado dependerá de los comentarios recibidos y de los pasos regulatorios posteriores. Hasta que se adopte una norma definitiva, las críticas de Better Markets y las respuestas de otros participantes deben entenderse como posiciones dentro de una consulta en curso, no como obligaciones ya vigentes ni como una resolución sobre la validez legal del enfoque.