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BuscarFair Go Grocers plantea adquirir tiendas de Coles y Woolworths y construir una red pública para presionar los precios. Comerciantes independientes cuestionan el coste y advierten que el Estado podría convertirse en un competidor difícil de igualar.
El debate sobre el precio de los alimentos en Australia ha dado paso a una propuesta de gran escala: crear Fair Go Grocers, una cadena de supermercados de propiedad pública que competiría con Coles y Woolworths. El plan, elaborado por el Green Institute, contempla adquirir 200 tiendas de esas cadenas y construir otras 424, además de ampliar la infraestructura de distribución. Su coste estimado es de 25.100 millones de dólares australianos durante cinco años.
La iniciativa parte de un mercado concentrado. Coles y Woolworths reúnen alrededor de dos tercios de las ventas nacionales de supermercados, según los datos citados en las coberturas. El Green Institute sostiene que una nueva cadena, concebida para operar sin repartir beneficios a accionistas, podría aumentar la competencia y abaratar productos básicos. Pero la propuesta ha encontrado objeciones tanto entre comerciantes independientes como entre analistas de competencia.
Fair Go Grocers combinaría la compra de tiendas existentes con nuevas aperturas: el plan prevé 624 supermercados en total y 13 centros de distribución, contando tres que se adquirirían y diez de nueva construcción. El instituto aspira a que la cadena alcance aproximadamente el 20% del mercado y, una vez establecida, cubra sus costes con sus ingresos.
El Green Institute también afirma que los productos esenciales podrían venderse hasta un 30% más baratos que en Coles y Woolworths y que el gasto habitual de compra podría reducirse un 22%. Entre sus estimaciones figura un ahorro de unos 60 dólares australianos por semana para una familia de cuatro personas. Son proyecciones de los impulsores del plan, no resultados observados: dependen de que la cadena pueda operar a la escala prevista y sostener precios menores.
La iniciativa no es una política aprobada ni una red ya en funcionamiento. Su financiación, puesta en marcha y capacidad para competir siguen siendo cuestiones abiertas. El cálculo de 25.100 millones cubre el horizonte inicial de cinco años; el analista Allan Fels señala que el desembolso podría incorporarse a la deuda pública y tendría que recuperarse con el tiempo.
Martin Stirling, director ejecutivo de Master Grocers Australia, cuestiona que el Estado entre en la venta minorista de alimentos. Considera innecesario destinar 25.000 millones de dólares australianos a otra cadena y defiende que el Gobierno facilite la expansión de operadores independientes como IGA, FoodWorks, SPAR y Friendly Grocer.
Stirling también advierte que una cadena respaldada por el Estado podría añadir presión a negocios que ya compiten con los grandes supermercados. La preocupación apunta a una tensión central del diseño: una iniciativa concebida para aumentar la competencia frente a Coles y Woolworths también podría disputar clientes y escala a las tiendas independientes, incluidas las que atienden comunidades regionales y rurales.
Fels, exresponsable de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, reconoce que el mercado presenta problemas de competencia y que proveedores y agricultores denuncian un poder de negociación desigual. Sin embargo, sostiene que esa concentración no demuestra por sí sola que el Gobierno deba convertirse en propietario de supermercados.
A su juicio, una cadena pública tendría que competir no solo en precios, sino también en calidad, variedad, conveniencia y fiabilidad. Coles y Woolworths cuentan con redes de compra y distribución desarrolladas durante décadas; reproducirlas a escala nacional supondría un reto considerable. Además, Fels advierte que unos precios más bajos podrían reflejar financiación, locales o pérdidas cubiertos con recursos públicos, de modo que parte del coste recaería indirectamente en los contribuyentes.
El analista ve una posible justificación más acotada para intervenir en comunidades remotas con escasa oferta comercial, aunque considera que ayudas al transporte de mercancías o apoyo a tiendas locales existentes podrían ser alternativas más flexibles. También plantea otras vías para reforzar la competencia, como facilitar el acceso a ubicaciones comerciales, mejorar la transparencia de precios y evitar fusiones que reduzcan aún más la rivalidad.
Por ahora, Fair Go Grocers sitúa en el centro del debate una disyuntiva de política pública: si conviene que el Estado compita directamente en la venta de alimentos o que se concentre en cambiar las condiciones para que más operadores puedan hacerlo. Las cifras de ahorro y autosuficiencia pertenecen a la propuesta; su coste efectivo, sus efectos sobre los comercios independientes y su capacidad para sostener una red nacional siguen sin demostrarse.
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