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BuscarLa fiscalía de Estados Unidos sostiene que la compañía y tres filiales participaron en un esquema de fraude, robo de propiedad intelectual y otros delitos. Huawei niega que hubiera una conspiración corporativa y afirma que el caso agrupa episodios aislados.
El juicio penal contra Huawei comenzó con los alegatos iniciales en un tribunal federal de Brooklyn, Nueva York. La fiscalía de Estados Unidos acusa a la tecnológica china y a tres de sus filiales de participar, durante cerca de dos décadas, en un esquema que habría incluido fraude relacionado con sanciones comerciales, robo de propiedad intelectual y otros delitos. Son acusaciones pendientes de resolución judicial: el inicio del proceso no establece la culpabilidad de la empresa.
Los cargos incluyen presuntas maniobras para engañar a entidades financieras sobre las actividades de Huawei en Irán y Corea del Norte, así como el supuesto robo de tecnología de compañías estadounidenses. La fiscalía también sostiene que la empresa habría blanqueado dinero y obstruido la justicia. El Departamento de Justicia ha decidido no seguir adelante con dos de los cuatro cargos relacionados con presuntas violaciones de sanciones, según la información presentada sobre el caso. El proceso mantiene en juego un total de 12 cargos.
En la apertura, el abogado del Departamento de Justicia Taylor Stout presentó el caso como un patrón deliberado y sostenido, no como una suma de incidentes independientes. La fiscalía sostiene que las conductas atribuidas a Huawei formaban parte de una estrategia empresarial.
La defensa, encabezada por Brian Heberlig, rechazó esa interpretación. Sostiene que la acusación reúne episodios aislados y actuaciones individuales sin demostrar que existiera un plan criminal de la compañía. Huawei también ha argumentado que el Gobierno estadounidense agrupa conductas distintas y que el proceso responde a una persecución política. Estas afirmaciones expresan la posición de la empresa, no una conclusión del tribunal.
La disputa sobre cómo interpretar las pruebas será central en el juicio. La fiscalía deberá sostener sus acusaciones ante el jurado; la defensa ha anticipado que cuestionará la credibilidad de algunos testigos y discutirá que sus actos puedan atribuirse a toda la organización.
Entre las pruebas que se prevé presentar figura un acuerdo previo de Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei, relacionado con declaraciones sobre las operaciones de la empresa en Irán. Meng no es juzgada en este proceso. En 2021, llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses que puso fin al caso en su contra y le permitió regresar a China.
Uno de los primeros testigos de la fiscalía, Parham Baheshti, declaró sobre una propuesta que, según su testimonio, Huawei presentó en Irán en 2009 para analizar el comportamiento de los usuarios en internet. Es un testimonio dentro de un proceso en curso; su alcance y credibilidad deberán valorarse junto con el resto de las pruebas.
El caso se remonta a cargos presentados inicialmente en 2019 y se desarrolla en un contexto de tensiones entre Washington y Pekín por el comercio y la tecnología. Huawei ya afronta restricciones estadounidenses que limitan su acceso a ciertos productos y tecnologías de origen estadounidense. El juicio es un procedimiento penal distinto de esas medidas comerciales: su resultado no debe confundirse con las restricciones que ya están vigentes.
Para las compañías con operaciones internacionales, el proceso pone de relieve los riesgos legales asociados a las sanciones, a la información que se proporciona a bancos y a la protección de secretos comerciales. Sin embargo, las alegaciones de este caso no equivalen a una determinación judicial sobre Huawei ni permiten concluir que otras empresas enfrenten el mismo riesgo.
Una condena podría derivar en sanciones económicas, pero el importe y sus efectos no están definidos. La normativa federal invocada por la fiscalía contempla multas corporativas y permite reclamar, bajo determinadas condiciones, el doble de los beneficios obtenidos ilícitamente. Estados Unidos no ha especificado qué sanciones solicitaría, y el resultado dependerá del fallo y de las decisiones posteriores del tribunal.
El juicio puede prolongarse durante semanas o meses. Su desenlace será relevante no solo para Huawei, sino también para el debate sobre cómo se aplican las leyes estadounidenses a grandes empresas extranjeras. Por ahora, el punto decisivo es judicial: si la fiscalía logra probar que las conductas alegadas constituyeron un esquema corporativo, como sostiene, o si prevalece la tesis de la defensa de que fueron episodios aislados.
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