Periodismo útil para entender, gestionar y hacer crecer una empresa.
BuscarCarbon Storage Caspe solicita estudiar casi 17.900 hectáreas en cuatro municipios zaragozanos. El anuncio abre un plazo de dos meses para propuestas y oposiciones, pero no autoriza a almacenar CO₂.
La solicitud de Carbon Storage Caspe, S.L. para investigar el subsuelo del Bajo Aragón-Caspe ha entrado en una nueva fase administrativa. El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó el 1 de octubre de 2026 el anuncio del permiso denominado «Caspe Mayals», que delimita una superficie de 17.876,6545 hectáreas en los términos municipales de Caspe, Fabara, Maella y Nonaspe.
La empresa presentó la solicitud el 19 de mayo de 2026 y la subsanó en agosto, tras un requerimiento administrativo. La publicación abre ahora el periodo previsto para que la promotora presente mejoras, otras empresas formulen ofertas en competencia y quienes consideren perjudicados sus derechos puedan oponerse.
El procedimiento actual es para obtener un permiso de investigación. Si se concediera, permitiría estudiar si las formaciones geológicas del área pueden albergar CO₂ y en qué condiciones. No autoriza la construcción de instalaciones ni la inyección o el almacenamiento del gas.
La diferencia es relevante para empresas, administraciones y comunidades locales: cualquier proyecto de almacenamiento requeriría un procedimiento posterior, distinto, y las autorizaciones correspondientes. Según la información publicada por La Comarca, la comunidad autónoma tramita el permiso de investigación porque toda la superficie solicitada está dentro de Aragón; una eventual concesión para almacenar CO₂ correspondería a otro procedimiento, competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La solicitud, por tanto, no asegura que el proyecto llegue a desarrollarse.
La normativa establece un plazo máximo de un año para resolver el permiso de investigación. Si hay varias ofertas, la decisión no depende únicamente de la propuesta económica: entre los criterios contemplados figuran las inversiones, la rapidez de ejecución y la idoneidad técnica del proyecto.
La investigación tendría que determinar las características de las rocas y su capacidad de almacenamiento, además de analizar acuíferos, fallas, fracturas y posibles vías de fuga. También se deberían evaluar, entre otros aspectos, la presión de las formaciones, la sismicidad y el comportamiento del CO₂ en contacto con las rocas. Estos son elementos que requieren estudio; su mención no demuestra que exista un daño o un riesgo concreto en la zona.
El área ya había sido identificada por el Instituto Geológico y Minero de España como una formación con potencial para el almacenamiento geológico en la cuenca del Ebro. La Comarca señala el interés de las areniscas del Buntsandstein, pero la existencia de formaciones geológicas potencialmente adecuadas no equivale a confirmar que el emplazamiento sea apto ni a acreditar una capacidad efectiva de almacenamiento.
La superficie solicitada se encuentra, según la información publicada, a unos 600 metros del centro de Fabara, a 1,3 kilómetros al sur de Maella, a 2,6 kilómetros al oeste de Caspe y a 5,5 kilómetros al este de Nonaspe. Estas distancias sitúan el área en relación con los núcleos urbanos, pero no permiten por sí solas extraer conclusiones sobre impactos o seguridad.
El anuncio ha suscitado críticas políticas. El PSOE de Caspe afirma que los ayuntamientos afectados no recibieron información antes de la publicación en el BOA. El grupo socialista en las Cortes de Aragón ha solicitado explicaciones sobre la tramitación, los plazos, los protocolos de seguridad y las garantías ambientales.
Abraham Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, pidió que se aclaren los posibles riesgos para el medio ambiente, los acuíferos y la población, y planteó como cuestiones a examinar la eventual sismicidad inducida y la protección de las aguas subterráneas. Son preocupaciones y demandas de información atribuidas al partido, no constataciones de efectos adversos. La evaluación técnica y los trámites posteriores determinarían qué riesgos son pertinentes y qué medidas serían exigibles.
Para las organizaciones y compañías que sigan el expediente, la fase abierta ofrece una oportunidad formal para presentar propuestas u oposiciones dentro del plazo de dos meses. La publicación del BOA marca el inicio de ese periodo, pero la resolución del permiso y, más adelante, cualquier decisión sobre almacenamiento dependerán de procedimientos y evaluaciones distintos.
La operación, que Informa espera cerrar a finales del cuarto trimestre de 2026, ampliaría su negocio de eventos B2B. La compañía prevé financiarla, en parte, con una colocación de acciones de unos 940 millones de libras.
Leer contenidoAres Management anunció que su fondo inaugural Global Structured Solutions y vehículos afiliados reunieron unos 4.200 millones de dólares. La estrategia busca aportar capital flexible a gestores para compromisos de fondos, nuevas iniciativas y planes de sucesión.
Leer contenidoEl grupo francés afirma que quiere ser un accionista estable y de largo plazo y no prevé superar el 9,9%. Ambos bancos estudiarán posibles colaboraciones en banca corporativa, leasing, crédito al consumo y negocio internacional; esperan concluir las conversaciones a comienzos de 2027.
Leer contenido