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BuscarLa entidad prevé lanzar su servicio de banca privada el 28 de octubre de 2026, con un mínimo de 500.000 euros invertidos, y abrir una línea para empresas en 2027.
ING prevé lanzar su servicio de banca privada en España el 28 de octubre de 2026, según anunció Alfonso Tolcheff, consejero delegado de ING España y Portugal. La entidad iniciará la actividad con 35 banqueros especializados y espera ampliar el equipo a 40 antes de que termine el año.
El banco ha fijado en 500.000 euros invertidos en ING el mínimo para acceder al servicio. La entidad espera atender a unos 5.000 clientes en esta línea, aunque las cifras comunicadas son previsiones de lanzamiento y no resultados ya alcanzados.
El anuncio coincide con la apertura de una nueva oficina de ING en la plaza de Colón, en Madrid. El espacio combinará la atención a particulares con servicios de banca privada y corporativa, en un modelo que suma presencia física a la oferta digital del banco. Tolcheff describió la oficina como un punto de encuentro con los clientes y señaló que la entidad busca estar cerca de ellos cuando necesiten asesoramiento.
La siguiente fase anunciada por ING es la banca de empresas, cuyo lanzamiento está previsto para 2027. La oferta se dirigiría inicialmente a autónomos y microempresas. Además de cuentas y ahorro, podría incluir servicios relacionados con contabilidad, facturas, cobros, pagos y gestión administrativa. La información disponible no detalla todavía las condiciones ni el catálogo definitivo.
La ampliación se produce después de que ING adquiriera un 40% de Singular Bank. Según la información publicada, la intención es que ambas entidades operen de forma independiente, aunque colaboren y puedan derivar clientes entre sí cuando sus necesidades o perfil económico encajen mejor con la oferta de la otra.
Con estos planes, ING amplía su actividad en dos segmentos distintos: la gestión de patrimonios, con un umbral de acceso anunciado, y los servicios para empresas, cuya puesta en marcha aún está prevista. Las fechas, el tamaño de los equipos y las cifras de clientes corresponden a anuncios y expectativas de la entidad; no constituyen una recomendación de inversión ni garantizan resultados.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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