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BuscarLa norma actualiza el marco catalán de 2002, regula la organización y financiación de las cámaras y permite vocalías vinculadas a aportaciones voluntarias. El Consell de Garanties Estatutàries había avalado previamente el texto.
El Parlament de Catalunya ha aprobado una nueva ley para regular las cámaras de comercio, industria, servicios y navegación y su Consejo General. La norma actualiza el marco catalán vigente desde 2002 para adaptarlo a la legislación estatal de 2014, y define las funciones, la organización y la financiación de estas corporaciones de derecho público.
La ley salió adelante con 114 votos a favor, 11 abstenciones y 9 votos en contra, tras recibir el apoyo de PSC, Junts, ERC y PP. Los Comuns y la CUP votaron en contra y Vox se abstuvo, según las informaciones sobre la votación. El Consell de Garanties Estatutàries había concluido previamente que el texto se ajustaba a la Constitución y al Estatut.
La regulación prevé un sistema de financiación mixto. La parte pública podrá proceder de los presupuestos de la Generalitat y de encargos de funciones, convenios u otros instrumentos. La parte privada podrá generarse mediante actividades, servicios y gestión del patrimonio de las cámaras.
La Generalitat y el Consejo General de las Cámaras deberán formalizar un convenio plurianual de tres años. La financiación pública prevista aumenta de forma progresiva: 3 millones de euros el primer año, 5 millones el segundo y hasta 7 millones el tercero. Las informaciones sitúan esa programación en 2026, 2027 y 2028; las cantidades corresponden a la financiación prevista, no a una garantía de continuidad más allá del periodo establecido.
Al menos dos tercios de los miembros de los plenos deberán ser elegidos por sufragio. La ley también permite reservar vocalías para empresas que realicen aportaciones económicas voluntarias más elevadas, una fórmula conocida como «sillas de plata».
Este mecanismo fue uno de los principales puntos de controversia. Los Comuns y la CUP cuestionaron su encaje y llevaron el texto al Consell de Garanties Estatutàries. El órgano consideró que la composición propuesta valoraba de manera objetiva y razonable la diversidad del tejido empresarial y que no vulneraba la Constitución ni el Estatut.
Pimec valoró positivamente que la norma clarifique el papel de las cámaras y ordene su relación con otros actores, pero mantiene su rechazo a las vocalías ligadas a aportaciones. La patronal ha advertido de que podrían alterar el equilibrio de representación derivado del proceso electoral. Se trata de una objeción de la organización, no de una conclusión del dictamen del Consell.
La nueva ley refuerza la función de las cámaras como entidades consultivas, representativas y de colaboración con las administraciones en asuntos económicos. También regula el Consejo General de las Cámaras como órgano de consulta y cooperación institucional.
El alcance de esa representación se ha debatido en relación con las patronales y los sindicatos. El presidente de la Cambra de Barcelona y General de Catalunya, Josep Santacreu, sostuvo que las cámaras no pretenden participar en las negociaciones del diálogo social. La norma, por su parte, establece que sus funciones deben respetar las competencias de representación y participación atribuidas legalmente a las organizaciones empresariales y de los trabajadores, en particular en materia de negociación colectiva y diálogo social.
La aprobación cierra la actualización legislativa pendiente desde la entrada en vigor del marco estatal de 2014. La aplicación de la nueva regulación dependerá, entre otros aspectos, del desarrollo de los convenios de financiación y de las reglas de funcionamiento de las cámaras conforme al texto aprobado.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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