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BuscarEl ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitado la libre absolución de Begoña Gómez y de su asesora, Cristina Álvarez, en la causa que el juez Juan Carlos Peinado envió a juicio con jurado. En su escrito de conclusiones, el ministerio público afirma que los hechos atribuidos a las acusadas «no son constitutivos de infracción penal».
La petición se refiere a los delitos de tráfico de influencias y malversación atribuidos a Gómez, y a la acusación de malversación contra Álvarez. No es una resolución judicial ni pone fin al procedimiento: corresponde a los órganos judiciales decidir sobre las cuestiones pendientes y, en su caso, sobre el resultado del juicio.
Respecto a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Fiscalía sostiene que la codirección de la cátedra extraordinaria no era remunerada y que no se exigía una titulación universitaria para desempeñarla. Sobre el programa informático desarrollado en ese marco, afirma que fue financiado por empresas privadas y que su titularidad correspondía a la universidad. Añade que no consta un beneficio económico para las acusadas ni un perjuicio patrimonial para la UCM.
El ministerio público también rechaza que la actividad de Gómez en la universidad pruebe tráfico de influencias. Entre sus argumentos, señala que ella ya trabajaba en el sector privado antes de que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno y que había tenido relación profesional con la Complutense.
En cuanto a Cristina Álvarez, la Fiscalía defiende que su nombramiento como personal eventual de confianza respondía a funciones de apoyo logístico y organizativo a la esposa del presidente. Considera que las actuaciones que el juez cuestiona no acreditan un uso indebido de fondos públicos ni un beneficio adicional para la asesora.
La postura de la Fiscalía es distinta de la del juez instructor. Peinado sostuvo que Gómez habría aprovechado su proximidad al presidente para impulsar su proyección profesional, y que Álvarez habría prestado apoyo a actividades ajenas a sus funciones institucionales. Esa tesis llevó a la apertura de juicio oral con jurado, pero no constituye una condena.
Tampoco todas las acusaciones comparten la petición del ministerio público. Según la información disponible, la acusación popular encabezada por Hazte Oír solicita penas de prisión para ambas; las defensas, por su parte, piden la absolución. Esas posiciones deberán valorarse en el procedimiento.
Tras la presentación de las conclusiones de la Fiscalía, las partes disponen de 15 días para personarse ante la Audiencia Provincial de Madrid y plantear cuestiones previas. Después, el nuevo magistrado designado deberá resolverlas y precisar los hechos que, en su caso, serán objeto del juicio. La fecha de la vista y la conformación del jurado todavía están pendientes.
La causa comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias. La investigación se centró, entre otros asuntos, en la cátedra de la Complutense y en las funciones de Álvarez, cuyo puesto se retribuye con fondos públicos. La solicitud de absolución marca la posición del ministerio público, pero el proceso continúa y no determina por sí sola la decisión judicial.
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