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BuscarUn consumidor de Illinois acusa a la cadena de facilitar el intercambio de datos no públicos entre franquicias y coordinar recomendaciones de precios. McDonald’s niega que la herramienta fije o coordine tarifas; el caso sigue en fase de alegaciones.
La herramienta de precios que McDonald’s ofrece a sus franquiciados está en el centro de una demanda antimonopolio presentada el 2 de octubre de 2026 ante un tribunal federal de Chicago. El demandante, Michael Thomas, sostiene que el sistema utiliza información no pública de ventas y precios de distintos restaurantes para orientar las tarifas y que, con ello, podría favorecer una coordinación que eleve los precios para los consumidores.
La acusación también busca que el caso se tramite como una demanda colectiva de alcance nacional. Por ahora, sin embargo, no hay una decisión judicial sobre el fondo: las afirmaciones sobre el funcionamiento de la herramienta y sus efectos son alegaciones de la demanda, no hechos establecidos por un tribunal.
Según el escrito, la plataforma reúne datos de transacciones y los emplea para recomendar precios en restaurantes de Estados Unidos. El argumento del demandante es que compartir información comercial no pública entre franquicias que pueden competir en un mismo mercado podría debilitar la independencia de sus decisiones de precios y afectar a la competencia.
Thomas afirma que detectó diferencias en el coste de su pedido habitual —una Quarter Pounder con queso, papas fritas y una Coca-Cola— entre locales cercanos a su domicilio, en DeKalb, Illinois. La demanda atribuye al sistema un posible efecto de encarecimiento, pero la existencia de diferencias entre establecimientos, por sí sola, no demuestra que hubiera coordinación ni que la herramienta causara esas variaciones.
La petición plantea que el tribunal certifique una clase de consumidores, ordene el pago de daños y limite la aplicación de acuerdos que, según el demandante, restringirían la competencia. Esas medidas son solicitudes de la parte demandante; las fuentes disponibles no indican que hayan sido concedidas.
McDonald’s califica la demanda de inexacta y afirma que se defenderá. Su postura es que los franquiciados deciden los precios y que las herramientas disponibles son opcionales: pueden aportar información para la gestión del negocio, pero, según la empresa, no automatizan, coordinan ni fijan las tarifas.
La compañía también ha descrito su herramienta como un recurso informativo que los franquiciados pueden aceptar o no. En la cobertura de Associated Press, McDonald’s indicó que utiliza desde hace más de una década una herramienta de precios mejorada con IA y que sus recomendaciones pueden considerar factores como las ventas del establecimiento, su ubicación y los precios de competidores. La empresa sostiene que ya recopilaba información y ofrecía recomendaciones antes de emplear esa herramienta.
La diferencia entre ambas versiones es central para el litigio: el demandante cuestiona si el intercambio de datos y las recomendaciones pueden coordinar de hecho decisiones comerciales; McDonald’s niega que el sistema tenga ese efecto y sostiene que cada franquiciado conserva la decisión final.
El caso se refiere a la actividad de McDonald’s en Estados Unidos y a las normas antimonopolio de ese país. Su relevancia para otras empresas dependerá de lo que se pruebe sobre el diseño y el uso de la herramienta, el tipo de datos compartidos y el margen real de decisión de los franquiciados. La presentación de la demanda, por sí sola, no determina que el modelo sea ilegal ni establece un precedente.
Para las compañías que ofrecen sistemas de precios a redes de franquicias o negocios independientes, la controversia pone el foco en una cuestión concreta: cómo se combinan los datos comerciales y las recomendaciones sin sustituir —o aparentar sustituir— las decisiones individuales de cada operador. El proceso deberá aclarar si las prácticas alegadas ocurrieron y si vulneran la legislación aplicable.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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