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BuscarLa revisión afecta a puestos de oficina central y apoyo, no a los equipos de primera línea. La propuesta está en consulta con los sindicatos y la empresa plantea cubrir las salidas sin despidos obligatorios.
Royal Mail anunció el 7 de octubre de 2026 una revisión de sus funciones de oficina central y apoyo que podría reducir hasta 2.500 puestos para finales de 2027. La cifra representa menos del 2% de una plantilla de más de 131.000 personas. La empresa ha iniciado una consulta formal con los sindicatos sobre la propuesta: no se trata de recortes ya ejecutados.
La compañía afirma que espera lograr la reducción mediante salidas naturales —personas que dejan la empresa— y un programa de bajas voluntarias, sin despidos obligatorios. También señala que los puestos de primera línea, incluidos los de carteros, conductores y personal de reparto y procesamiento, quedan fuera de esta reestructuración.
Royal Mail justifica la revisión por la transformación del mercado postal. Según la compañía, el volumen de cartas ha caído más de un 70% desde su máximo, mientras crece la demanda de entregas de paquetes más rápidas y cómodas. El objetivo declarado es simplificar procesos, eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia.
El consejero delegado, Alistair Cochrane, sostuvo que los cambios propuestos permitirían reinvertir en el servicio a los clientes. También afirmó que la empresa trabajará con los sindicatos y que pretende tratar a las personas afectadas de manera justa y respetuosa. Esas son las razones y compromisos expuestos por la dirección; la propuesta todavía debe abordarse en el proceso de consulta.
El Communication Workers Union (CWU) y Unite CMA participan en las conversaciones. Martin Walsh, secretario general adjunto del CWU, cuestionó la gestión de la empresa y su capacidad para responder a las necesidades de clientes y comunidades. Indicó que, aunque la dirección ha asegurado que no habrá despidos obligatorios ni afectación a los puestos de primera línea, la propuesta alcanzaría a empleos administrativos representados por el sindicato.
Unite CMA también sostuvo que los recortes no resolverán los problemas de calidad del servicio y señaló la competencia de operadores postales vinculados a la economía de plataformas. Estas posiciones reflejan la crítica sindical; la compañía, por su parte, presenta la reorganización como parte de un plan para operar con mayor eficiencia.
El anuncio llega en un contexto de dificultades para cumplir los objetivos de entrega de correo. La BBC informó que algo más del 75% de las cartas de primera clase llegó a tiempo en el año cerrado a finales de marzo, frente a un objetivo del 93%. La existencia de estos problemas aporta contexto al debate, pero no demuestra por sí sola qué efecto tendría la reducción administrativa sobre el servicio.
Para las empresas, el punto inmediato es que el ajuste anunciado se concentra en funciones centrales y de apoyo, mientras siguen abiertas tanto la consulta laboral como la discusión sobre cómo mejorar la operación postal. El alcance final dependerá de cómo avance ese proceso.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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