Sánchez devuelve los decretos de vivienda al Parlamento tras convocar elecciones

Pedro Sánchez presentó el 6 de octubre dos nuevos decretos de vivienda, aprobados ese día por el Consejo de Ministros, después de que el Congreso rechazara sus versiones anteriores. El Gobierno los remitió a la Diputación Permanente, el órgano que puede ejercer funciones parlamentarias cuando las Cortes están disueltas, para que se pronuncie sobre su convalidación.

El movimiento llegó después de que Sánchez anunciara elecciones generales para el 29 de noviembre. En su comparecencia, el presidente relacionó la derrota parlamentaria de las normas con la decisión de convocar los comicios: sostuvo que los ciudadanos deben poder elegir otro Parlamento si el actual no responde a una de sus principales preocupaciones. También defendió que el paquete mantiene la esencia de las propuestas rechazadas, aunque incorpora cambios.

Dos decretos con distinto alcance

Según las coberturas de La Razón, El Mundo y Valencia Plaza, el paquete reúne 21 medidas y se articula en dos textos. El primero concentra la mayoría de las iniciativas, mientras que el segundo se ocupa de la renovación de contratos de alquiler. Las normas no son idénticas a las que el Congreso tumbó, pero el Ejecutivo no detalló todos los cambios durante la comparecencia.

Entre las medidas descritas figura una línea gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para conceder préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros a la compra de una primera vivienda. Valencia Plaza cifra en 10.000 millones de euros la financiación prevista para esa línea y señala que se dirigiría a personas y familias con ingresos, pero sin ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca. La información publicada también menciona 400 millones de euros para impulsar la promoción de vivienda social y 280 millones en avales vinculados a la construcción industrializada.

El paquete incluye además incentivos fiscales para pequeños propietarios que alquilen a precios asequibles y medidas sobre los contratos de arrendamiento. Entre ellas, Valencia Plaza describe prórrogas de hasta dos años para determinados contratos, límites a las subidas y obligaciones de información en anuncios de alquiler en los ámbitos donde se aplican las restricciones legales. También recoge cambios relativos a la protección de hogares vulnerables y a las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social, que se adscribirían a Casa 47 para su puesta a disposición de la ciudadanía.

La Diputación Permanente, siguiente paso

A diferencia del Pleno, la Diputación Permanente sigue funcionando durante la disolución de las Cortes. El Mundo informó de que el órgano está integrado por 69 miembros y de que el Gobierno contaría allí con una mayoría ajustada junto a sus socios. También señaló que el calendario permitiría agotar el plazo legal antes de la votación. La aprobación de los decretos, por tanto, no estaba garantizada por el mero hecho de que el Consejo de Ministros los hubiera aprobado de nuevo: correspondía a la Diputación Permanente decidir sobre su convalidación.

El Gobierno defendió las iniciativas como medidas sociales y necesarias. Sánchez afirmó que buscan facilitar el acceso a la vivienda y conciliar los intereses de inquilinos y pequeños propietarios. Al mismo tiempo, reconoció que los decretos, por sí solos, no resolverán el problema y sostuvo que hace falta seguir construyendo vivienda, en particular pública y asequible.

Las crónicas interpretaron la nueva tramitación como parte de la estrategia política de la precampaña, dado que el anuncio se produjo tras la convocatoria electoral y que Sánchez defendió personalmente las medidas. Esa lectura pertenece al análisis de la cobertura, no a un propósito demostrado de forma independiente. En cualquier caso, el episodio situó de nuevo la vivienda en el centro del debate entre el Gobierno y los grupos parlamentarios en la antesala de las elecciones.