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BuscarLa Comunidad de Madrid estudiará los textos y recurrirá si sus servicios jurídicos aprecian una invasión de competencias o una vulneración de derechos. Por ahora, no ha presentado ningún recurso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció el 6 de octubre que su Gobierno utilizaría los instrumentos jurídicos disponibles para defender la propiedad privada si prosperaban los decretos de vivienda del Ejecutivo central. Al día siguiente, el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, precisó que la decisión dependerá del análisis de los textos por parte de los servicios jurídicos autonómicos.
La Comunidad estudiará si las normas invaden competencias autonómicas o vulneran derechos de propietarios e inquilinos. No se trata de un recurso ya presentado: según las declaraciones recogidas por varios medios, el Gobierno madrileño todavía debía examinar los textos y decidir qué medidas adoptar. Algunas informaciones apuntaron a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional una vez que los decretos fueran convalidados, pero la posición expresada oficialmente por García Martín fue condicionar cualquier actuación a las conclusiones jurídicas.
Ayuso afirmó que emplearía «todos los instrumentos jurídicos» a su alcance para proteger la propiedad privada y la seguridad jurídica. También cuestionó que los decretos pudieran aprobarse en la Diputación Permanente después de que el Congreso hubiera rechazado anteriormente su convalidación. La presidenta calificó esa vía de «trampa»; esa expresión refleja su valoración política, no una conclusión judicial sobre la legalidad del procedimiento.
García Martín describió los decretos como «fraude y panfleto electoral» y sostuvo que la Diputación Permanente no debería convalidarlos. Atribuyó además a las medidas posibles efectos negativos sobre el mercado de la vivienda y el alquiler. Esas afirmaciones son críticas del portavoz regional: las fuentes consultadas no acreditan que tales efectos se hayan producido.
La controversia se refiere a dos reales decretos-ley de ámbito estatal. Las coberturas describen medidas relacionadas con los contratos de alquiler y otras cuestiones de vivienda, aunque la posible impugnación madrileña dependería del contenido definitivo de los textos y del procedimiento seguido para su convalidación. La Comunidad sostiene que examinará, en particular, si se afectan sus competencias y los derechos de propietarios e inquilinos.
La Diputación Permanente puede ejercer determinadas funciones del Congreso durante la disolución de las Cortes, entre ellas votar la convalidación o derogación de decretos-ley. La posibilidad de que ese órgano aprobara los textos era, por tanto, parte central del debate político y del anuncio de Ayuso. Las informaciones disponibles no permiten concluir que hubiera un recurso autonómico formalizado ni anticipar el resultado de un eventual examen judicial.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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