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BuscarEl Ministerio Público sostiene que los hechos no constituyen delito y que no consta beneficio económico para las investigadas ni perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense. La petición no cierra la causa: la acusación popular mantiene sus cargos y el juicio con jurado sigue pendiente.
La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido la libre absolución de Begoña Gómez, investigada por tráfico de influencias y malversación, y de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, acusada de malversación. En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que los hechos no son constitutivos de infracción penal.
La petición se refiere a la causa sobre la cátedra extraordinaria que Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el desarrollo de una herramienta digital en ese marco y las gestiones realizadas por Álvarez. Es la posición de la Fiscalía, no una resolución judicial ni un pronunciamiento sobre el resultado del futuro juicio.
El fiscal afirma que la creación y el funcionamiento de la cátedra se ajustaron a la normativa universitaria y que no era necesario contar con una titulación específica para dirigir una cátedra extraordinaria de ese tipo. También señala que la actividad de Gómez como codirectora no fue remunerada: según el escrito, percibió 0 euros por esa función.
En cuanto al software desarrollado en el marco del proyecto, la Fiscalía sostiene que las investigadas no obtuvieron un beneficio económico y que no consta un perjuicio patrimonial para la UCM. Añade que la herramienta permaneció a disposición de la universidad y que no se acredita que Gómez o una sociedad vinculada a ella la explotaran comercialmente o reclamaran su propiedad frente a terceros.
Estos argumentos contradicen la tesis del instructor, que consideró que Gómez pudo aprovechar su posición para impulsar su actividad profesional y que el software podía haber sido objeto de apropiación o explotación. La acusación popular, por su parte, mantiene sus cargos. La Universidad Complutense ha reclamado una compensación económica en caso de condena; esa pretensión no equivale a una cantidad reconocida judicialmente.
Sobre Cristina Álvarez, el Ministerio Público sostiene que su puesto era de confianza y que sus funciones incluían apoyo logístico y organizativo a la esposa del presidente del Gobierno. Según la Fiscalía, las gestiones relacionadas con la cátedra fueron puntuales y no impidieron que Álvarez cumpliera las funciones propias de su cargo.
El juez instructor mantuvo una interpretación distinta: consideró que la asesora habría prestado apoyo a actividades profesionales de Gómez ajenas a las funciones institucionales de Presidencia. Será la resolución judicial y, en su caso, el juicio la vía para examinar las posiciones enfrentadas; la Fiscalía no determina por sí sola si existe responsabilidad penal.
Tras la presentación de las conclusiones provisionales, las partes disponen de 15 días para comparecer ante la Audiencia Provincial de Madrid y plantear cuestiones previas. Después, el magistrado que asuma el asunto deberá resolver esos planteamientos y concretar los hechos que se someterán a juicio, además de fijar la vista oral y el proceso de selección del jurado.
La acusación popular es la que mantiene la petición de condena: solicita 13 años de prisión para Gómez y 6 para Álvarez. Esas penas son una pretensión de parte, no una condena. La fecha del juicio está pendiente y la petición absolutoria de la Fiscalía tampoco archiva el procedimiento: el caso debe continuar conforme a los próximos trámites judiciales.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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