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BuscarJosé María Escribano ha convocado a Aagesen y a otras personas los días 23 y 24 de noviembre. Por ahora, el único investigado en la causa por el préstamo de 475 millones de euros es Bartolomé Lora.
El juez José María Escribano ha citado a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, para declarar como testigo en la investigación sobre el préstamo público concedido a Air Europa en 2020. Las comparecencias están previstas para los días 23 y 24 de noviembre, durante la semana de las elecciones generales anunciadas para el día 29 de ese mes.
La causa examina la concesión de 475 millones de euros a la aerolínea mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El préstamo fue aprobado en noviembre de 2020 por el Consejo de Ministros, después de que el consejo gestor del fondo avalara la operación.
Aagesen era secretaria de Estado de Energía cuando se tramitó la ayuda y formaba parte del consejo gestor del fondo. Entre las personas citadas también figuran la exsecretaria de Estado de Economía Ana de la Cueva, la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque y el exsecretario general de Industria Raúl Blanco, que integraban ese órgano.
La lista incluye, además, a Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes y ahora presidente de Correos; Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno; y el exdiputado Íñigo Errejón. También están convocados otros antiguos responsables públicos y personas vinculadas a la tramitación de la operación, entre ellas el actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos San Basilio.
Las citaciones buscan recabar testimonios dentro de la investigación. En el caso de Errejón, la cobertura relaciona la convocatoria con una pregunta parlamentaria que presentó sobre las condiciones del préstamo. La citación no supone, por sí misma, que el juez le atribuya responsabilidad penal.
El procedimiento se abrió tras querellas presentadas por el Partido Popular y Vox y se sigue por un presunto delito de prevaricación administrativa. Por ahora, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, es el único investigado. Declaró ante el juez el 3 de julio: según las informaciones publicadas, reconoció que hubo reuniones relacionadas con el rescate y negó que se cometieran irregularidades.
La diferencia entre las dos condiciones procesales es relevante: una persona llamada como testigo no tiene por ese motivo la condición de investigada. Las comparecencias forman parte de las diligencias de instrucción y no equivalen a una declaración de culpabilidad ni determinan por sí solas si la ayuda fue legal o ilegal. La causa deberá avanzar y ser resuelta conforme a las actuaciones judiciales.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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