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BuscarSegún Idealista, el precio anunciado de la vivienda usada llegó a 2.930 euros por metro cuadrado en septiembre de 2026. El alquiler alcanzó los 15,1 euros mensuales por metro cuadrado, en un mercado con menos oferta y más demanda que en 2018.
El mercado residencial español llega a las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 con precios de oferta muy superiores a los de hace ocho años y con menos viviendas disponibles, según un análisis de Idealista. En septiembre, la vivienda usada anunciada para la venta alcanzó una media de 2.930 euros por metro cuadrado: un 74,4% más que en junio de 2018 y un 11,8% por encima de septiembre del año anterior.
El registro de septiembre quedó cerca del máximo de la serie citada, alcanzado en julio, cuando el precio llegó a 2.933 euros por metro cuadrado. La evolución también es visible en el alquiler: la media se situó en 15,1 euros por metro cuadrado al mes, un 45,2% más que en junio de 2018. Aunque el dato de septiembre fue un 0,4% inferior al del trimestre anterior, seguía cerca del máximo registrado en julio, de 15,3 euros mensuales por metro cuadrado.
Estas cifras describen precios anunciados, no necesariamente los importes finales de las operaciones de compraventa o de los contratos de alquiler. Tampoco reflejan por sí solas cuánto paga cada hogar: los promedios nacionales ocultan diferencias entre ciudades y viviendas.
La oferta de viviendas en venta anunciadas cayó más de un 38% en España entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026, según Idealista. Las reducciones fueron especialmente acusadas en A Coruña, Bilbao y Vitoria. Zaragoza registró una caída del 60%, mientras que en Madrid el descenso fue del 16%.
En paralelo, la demanda relativa de compraventa —medida a partir de los contactos generados por los anuncios, según la cobertura de los datos de Idealista— aumentó más de un 300% en el conjunto del país entre junio de 2018 y junio de 2026. En Zaragoza, la oferta de venta retrocedió un 60%; en Málaga, la demanda relativa creció un 152% y en Madrid, un 84%.
El alquiler presenta también una fuerte presión de búsqueda. Idealista sitúa en cinco veces el aumento de la demanda relativa nacional entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026. En Zaragoza, la cobertura de Aragón Digital cifra en diez veces la multiplicación de esa demanda. En cuanto a la oferta de alquiler, Idealista informa de descensos pronunciados en varias ciudades: Barcelona acumuló una caída del 84%, San Sebastián del 76% y Bilbao del 72% en el periodo comparado.
El encarecimiento no ha sido uniforme. En la vivienda en venta, Idealista cifra en un 79% la subida acumulada en Madrid desde junio de 2018; en Valencia, los precios más que se duplicaron, mientras Málaga, Palma y Alicante se acercaron a incrementos del 100%. En alquiler, las subidas acumuladas varían: fueron del 52% en Madrid y del 22% en Barcelona, de acuerdo con el análisis.
Los datos se publican en un contexto de campaña en el que la vivienda ocupa un lugar destacado en el debate político. Europa Press informó de que el Congreso rechazó el 2 de octubre dos decretos del Gobierno que incluían medidas sobre desahucios, alquileres de temporada y de habitaciones, prórrogas de contratos y fiscalidad de viviendas vacías y segundas residencias. La coincidencia entre ese debate y la evolución de los precios no demuestra que una medida concreta haya causado las subidas o la reducción de la oferta: las cifras de Idealista describen cambios de mercado, pero no establecen por sí solas sus causas.
Para las empresas, la combinación de precios más altos y menor disponibilidad puede ser relevante al analizar la movilidad de sus plantillas y la capacidad de atraer personal a distintas localidades. Sin embargo, los promedios nacionales no permiten estimar por sí solos el coste de vivienda de una empresa o de sus trabajadores: para ello importan la ciudad, el tipo de inmueble y el mercado concreto.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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La norma actualiza el marco catalán de 2002, regula la organización y financiación de las cámaras y permite vocalías vinculadas a aportaciones voluntarias. El Consell de Garanties Estatutàries había avalado previamente el texto.
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