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BuscarLa comisión asesora estaba convocada para el 8 de octubre con el fin de preparar una recomendación. El Gobierno aspira a avanzar antes de las elecciones del 29 de noviembre, pero después quedan las consultas con sindicatos y patronal y la decisión final del Consejo de Ministros.
El Ministerio de Trabajo convocó para el 8 de octubre a la comisión asesora del salario mínimo interprofesional (SMI) para iniciar la elaboración de una recomendación sobre su actualización en 2027. El proceso comienza con el calendario político marcado por las elecciones generales del 29 de noviembre: el Gobierno quiere avanzar antes de la cita electoral, aunque la convocatoria no supone que ya exista una propuesta cerrada ni un acuerdo sobre el aumento.
El SMI vigente es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, equivalentes a 17.094 euros brutos anuales. La comisión, coordinada por la catedrática de Economía Aplicada Begoña Cueto, preparará un informe que, según las informaciones publicadas, propondrá una horquilla de actualización.
La recomendación de los expertos es un primer paso, no la aprobación de una subida. Después del informe, Trabajo prevé consultar a las organizaciones sindicales y empresariales. La cuantía final corresponde al Gobierno y requiere aprobación del Consejo de Ministros.
El Ministerio aspira a cerrar el proceso antes de las elecciones, pero las coberturas periodísticas describen incertidumbre sobre los plazos. En años anteriores, la elaboración del informe y las conversaciones sociales han llevado varios meses; además, la convocatoria de octubre deja poco margen para completar las distintas fases antes del 29 de noviembre.
También se anticipan dificultades para un acuerdo tripartito. La patronal no participó en los últimos pactos de subida, según las informaciones, y algunos medios señalan que los sindicatos mantienen discrepancias con el Gobierno sobre compromisos anteriores. Por eso, que el Ejecutivo aspire a avanzar antes de las elecciones no significa que vaya a lograr un acuerdo con todas las partes ni que la subida quede aprobada para esa fecha.
Trabajo ha defendido la necesidad de actualizar el SMI ante el repunte de los precios y para proteger el poder adquisitivo. Los sindicatos también han reclamado un incremento; las cifras concretas difundidas en las informaciones corresponden a posiciones atribuidas a sus representantes, no a una recomendación oficial de la comisión ni a una decisión gubernamental.
El antecedente más reciente citado es el aumento del 3,1% aprobado para 2026, que elevó el SMI a su cuantía actual y se aplicó con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esa subida no determina el porcentaje que se propondrá para 2027: la cifra dependerá del nuevo informe y de las consultas posteriores.
Para las empresas, la convocatoria abre un proceso de seguimiento, no un cambio inmediato en las obligaciones salariales. La cuantía vigente sigue siendo la referencia hasta que el Gobierno apruebe una actualización. El calendario electoral puede influir en el ritmo de las conversaciones, pero las fuentes no permiten dar por hecho cuándo se aprobará la nueva cifra ni cuál será su importe.
El ministerio público sostiene que los hechos no constituyen delito, pero su petición no equivale a una absolución: la causa debe seguir su trámite ante la Audiencia Provincial de Madrid.
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